El gobernador Axel Kicillof presentó este lunes un paquete de leyes impositivas, presupuestarias y financieras para el ejercicio 2026, el primer Presupuesto provincial tras dos años sin “ley de leyes”. La iniciativa tiene como objetivo organizar las cuentas bonaerenses en un contexto de “emergencia económica”, marcado por una caída de la actividad del 5,7% respecto de 2023.

El ministro de Economía provincial, Pablo López, describió un territorio afectado por el cierre de 4.962 empresas bonaerenses desde 2023, la parálisis de la obra pública y una tasa de desocupación que creció un 9,4%. Ante este diagnóstico, la gestión Kicillof buscará declarar la “emergencia económica” y avanzar con un Presupuesto alineado a los parámetros macroeconómicos de la Nación, que estima una inflación anual del 10,1%.

Durante la exposición de las iniciativas de Presupuesto, Ley Impositiva y Endeudamiento en Casa de Gobierno, el ministro de Economía, Pablo López, explicó que el fondo representará el 8% del total de la deuda que logre tomar la Provincia. La cifra se distribuirá entre los 135 municipios bonaerenses para acompañar la ejecución de obras de infraestructura prioritaria.

El proyecto de endeudamiento incluye además la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, cuyo monto aún no fue precisado y que estará vinculado a la aprobación de la ley. Esa condición genera inquietud entre los intendentes, que reclaman que el fondo no quede supeditado al endeudamiento, anticipando un posible eje de negociación política en la Legislatura.

La Ley de Financiamiento y el alivio para los municipios

Uno de los ejes centrales del paquete legislativo es la Ley de Financiamiento, que, según indicaron fuentes oficiales, “tiene el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones financieras que enfrenta la provincia, manteniendo su deuda en niveles sostenibles”. Un aspecto clave para los distritos del interior es que la norma incluye la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal para acompañar a los municipios en la realización de obras de infraestructura prioritaria.

Esta posibilidad de acceder a financiamiento es presentada por el Gobierno provincial como una herramienta crucial para ayudar a las comunas a enfrentar sus compromisos, en un escenario donde muchas arrastran deudas insostenibles.

San Andrés de Giles: un espejo de la crisis municipal

La Municipalidad de San Andrés de Giles atraviesa una grave situación económica que ejemplifica la necesidad de este tipo de mecanismos. El déficit del municipio gilense ronda los $1700 millones, una deuda acumulada principalmente con proveedores. La cifra es tan alta que incluso se requiere de financiamiento para afrontar el pago de los aguinaldos correspondientes a este 2025.

Los destinos del Presupuesto

El proyecto de Presupuesto presentado por Kicillof asigna la mayor parte de los fondos a la obra pública, con una partida de $3,2 billones. Le siguen las políticas alimentarias y de salud, que recibirán cada una $1,7 billones. Otras áreas prioritarias son seguridad ($1,4 billones), educación ($1,3 billones) y políticas productivas ($60.000 millones).

En detalle, la obra pública incluirá la continuación del Programa Escuelas a la Obra, la reurbanización de barrios populares, obras viales y la construcción de plantas potabilizadoras y cloacas. Los fondos en política alimentaria se destinarán principalmente a los comedores escolares, mientras que en salud se continuará con el programa de Medicamentos Bonaerenses y la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer.

El contexto recesivo y el conflicto con Nación

El ministro López aportó datos contundentes sobre la recesión: en 2025, la Industria cayó -10,1%, el comercio -7,7% y la construcción -25,4% en comparación con 2023. Solo el sector agropecuario mostró un crecimiento (21,8%), atribuido a la comparación con un año afectado por la sequía.

López también denunció la distribución de recursos, señalando que “el Estado nacional se apropia cada vez más de recursos con la paradoja de que realiza menos funciones”. La provincia de Buenos Aires aporta el 38% de la recaudación nacional, pero recibe solo una porción del 30% total que se reparte entre todas las provincias vía coparticipación. La gobernación bonaerense reclama al Estado nacional una deuda de 12 billones de pesos por distintos fondos no transferidos y continuará con las demandas presentadas contra el Gobierno de Javier Milei ante la Corte Suprema.