Protegen a las inmobiliarias locales

El Centro de Martilleros y Corredores Públicos envió una nota al HCD pidiendo regular a las franqucias inmobiliarias. Finalmente, se aprobó un proyecto que beneficia a las inmobiliarias gilenses.
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En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, se trató un dictamen de la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, surgido a partir de una nota enviada por el Centro de Martilleros y Corredores Públicos, en la que se manifestaba la necesidad de regular el arribo de franquicias inmobiliarias a nuestra ciudad.

Desde la Comisión, recomendaron aprobar un proyecto de ordenanza, mediante el cual se prohibía la instalación de carteles, publicidad y oficinas de atención bajo el nombre de franquicias, licencias o marcas . En su artículo segundo, el proyecto marcaba que el Departamento Ejecutivo decidiría qué tipo de medidas se tomarían en el caso de incumplimiento de la ordenanza, mientras que en el tercero, se declaraba que el Círculo de Martilleros comunicará periódicamente la nómina de profesionales habilitados.

En sus considerandos, esta propuesta denunciaba que, mientras los martilleros están obligados por ley a estar matriculados para poder realizar su trabajo, las franquicias trabajan con agentes que funcionan como monotributistas. En este sentido, sostenía que “bajo esta figura legal, se crean estructuras que facilitan, promocionan, alimentan y promueven el ejercicio de la profesión por parte de personas que no están habilitadas por carácter de título profesional y matrícula habilitante, otorgando capacitación y formación de agentes inmobiliarios también llamados ‘asistentes’, con supuestos conocimientos teóricos y prácticos del corretaje inmobiliario“.

Según precisaba el proyecto, esto está prohibido por la Ley nacional 20.266, su modificatoria 25.028 y la Ley provincial 10.973, que exigen el título universitario para poder ejercer. Además, señalaba que estas franquicias utilizan un nombre, logo, marca o emblema único en todo el país, por lo que se induce a “confusiones, errores, engaños al consumidor” y distorsiona el mercado inmobiliario.

Por otro lado, denunciaba que el hecho de que haya personas ejerciendo la profesión sin estar inscriptos, constituye una competencia desleal. En relación a este punto, alertaba que “se suma la situación de riesgo e inseguridad patrimonial al que se ven sometidas las personas que, desconociendo tal situación, intervienen en negocios inmobiliarios” en “la creencia de que están siendo atendidos y asesorados por personas que se encuentran legalmente habilitados“.

La Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, está conformada por Marina Moretti, Bautista Castaños y Mercedes Condesse. El dictamen llegó a la sesión de ayer gracias a la mayoría oficialista, ya que la presidenta del bloque opositor se mostró en contra de la iniciativa.

Al momento de votar, Condesse argumentó que el HCD no podía aprobar el proyecto, porque legislaba sobre aspectos de competencia provincial. También sostuvo que la Ley Orgánica de las Municipalidades impide legislar sobre el contenido de una publicidad. Con respecto al segundo artículo, consideró que con esta normativa se estaba regulando el trabajo del Centro de Martilleros y Corredores Públicos, algo que también es ilegal, ya que solo debe hacerlo el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos.

Al momento de tomar la palabra, la concejal Moretti expresó que como ya han legislado sobre fachadas de edificios de nuestra ciudad, sin ningún inconveniente, también se puede sancionar una ordenanza que prohíba los carteles de las franquicias. Bautista Castaños, por su parte, agregó: “la realidad es que sí, nosotros somos los que podemos decir que no puede venir cualquiera de afuera, por más amigo del poder que sea, a colgar carteles, a poner lo que se le ocurra en los carteles. No es así“. Y cerró: “estamos defendiendo una petición del propio Colegio Público de Martilleros. Entonces, expresarse en decir que lo que están haciendo los martilleros está mal, porque es un proyecto que ellos enviaron a partir de una nota, es ir contra la capacidad intelectual de estos profesionales. De modo que, lo que estamos defendiendo con este proyecto, está parado sobre todas las patas que tiene que estar parado“. Finalmente, la iniciativa fue aprobada por mayoría.

El caso Re/Max

Re/Max es una franquicia inmobiliaria que opera en todo el país, incluido San Andrés de Giles. La ordenanza aprobada ayer no es el primer revés que recibe. De hecho, la semana pasada, la Inspección General de Justicia rechazó el funcionamiento de CAMESI, una propuesta de cámara que motorizan las redes RE/MAX, Century 21, GNV Group, Keymex y Coldwell Banker.

El organismo consideró que se incumplen distintas exigencias, además de recordar que considera “ilícita” la operatoria de la misma RE/MAX. El año pasado ya le había prohibido el ejercicio de la actividad inmobiliaria. Actualmente, la firma vende a través de internet propiedades gilenses. Sin embargo, la nueva normativa la obligará a abandonar el mercado local.

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