Tal como se informó ayer, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, a cargo de Luis Federico Arias, dictó una medida cautelar, mediante la cual suspende el aumento de tarifas de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires, donde presta servicio las distribuidora EDELAP, EDES SA, EDEA SA y EDEN SA.“Esto es una medida cautelar, puede ser suspendida por el mismo juez, es una medida preliminar”, explicó Arias, a modo de mensaje de tranquilidad, y destacó que “tenemos que lograr una democratización de los servicios, es un sistema autoritario”.Agregó a su vez que “nadie sabe explicar la disparidad, en capital aumenta un 400 por ciento en y la zona de la plata un 100%”. “La Corte de la Nación va a tener que expedirse con respecto a esta situación, tiene que haber audiencias publicas”, completó el magistrado.El fallo indica que se suspende “la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la distribución del servicio público de energía, autorizados mediante Resolución N° 22 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos de la Provincia”.En esa línea, se “solicita se ordene a las empresas demandadas a abstenerse de aplicar la nueva tarifa a los usuarios del servicio público, efectuar una nueva liquidación y emitir nuevas facturas o, para el caso en que la nueva facturación no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, que la empresa admita el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido, sin que ello implique la alteración o interrupción del servicio”.-El dictamen alega que la resolución del Ministerio de Infraestructura “vulnera el principio de participación ciudadana en los términos del art. 42 de la CN, es decir, se traduce en una manifiesta lesión a derechos de incidencia colectiva de carácter individual homogéneo, al cercenar la posibilidad de que los individuos que conforman la sociedad se expresen e interpongan impugnaciones previas al aumento tarifario del servicio público, el cual resulta superior al 100%”“Por lo que los usuarios se ven forzados a pagar en forma desproporcionada una tarifa de la que no han tenido, como ciudadanos consumidores, posibilidad de ser escuchados, conduciendo a un perjuicio económico desproporcionado e injustificado para todos los ciudadanos de la Provincia”.Fuente: La Tecla